(Imagen: Manifestación pro-amnistía celebrada en Barcelona el 17 de enero de 1910, La Vanguardia. Un año después de la Semana Gloriosa de 1909 y de la ejecución de Francesc Ferrer i Guàrdia)
Por Gil Hortal
El resultado electoral del 23J ha obligado al Gobierno a abrir la caja de Pandora de la amnistía. Lo que ha salido de esta caja, de forma poco sorprendente, se ha revelado completamente endemoniado, a pesar de que el contenido específico de las presuntas negociaciones sea hasta el momento poco menos que un absoluto misterio. Además, la historia de Pandora enseña otra realidad: una vez el contenido ha escapado de la caja, es estéril tratar de encerrarlo de nuevo en ella; por lo tanto, debemos aceptar que es casi seguro que el debate de la amnistía se salde, de una u otra forma, durante los próximos meses o semanas. En vez de limitarnos a contemplar los sucesos desde la impotencia, conviene aprovechar la oportunidad para conformar el bloque social de presión al Gobierno desde su izquierda que tanto faltó la pasada legislatura.
A nadie escapa que la amnistía que aparentemente se está cocinando es resultado de puro oportunismo del PSOE y, de prosperar en los términos que este partido está dispuesto a aceptar, será un pacto por arriba favorable a ciertos políticos independentistas que dejará mucha gente fuera. Desde un punto de vista de izquierdas y antirrepresivo, este resultado dista mucho de ser satisfactorio, puede incluso ser cuestionable moralmente – ¿qué diferencia el caso de Puigdemont de tantos otros que han sido víctimas de la represión del Estado? Es inevitable pensar que buena parte de los votantes del PSOE y Sumar fuera de Catalunya, que han sido y seguirán siendo imprescindibles para evitar un gobierno de la derecha y avanzar en cualquier política transformadora, no entenderán esta medida de gracia de la que hace apenas dos meses ni se mencionaba. Una amnistía para privilegiados (como decía Antonio Maestre) puede facilitar la investidura del Gobierno de coalición, pero es un mal precedente que implica empezar la legislatura con una sensación cuanto menos enrarecida a ojos de sus votantes.
Si la estrategia de la izquierda está suscitando incógnitas, en el lado de la derecha – y la ultraderecha – la situación es justo la contraria. Estamos viendo que independientemente del resultado, e incluso si no lo hay, los partidos y medios conservadores pondrán el grito en el cielo, en sintonía explícita con la parte más reaccionaria del PSOE. Sería un error garrafal dejar que la única expresión en la calle que suscitara la amnistía fuese de signo conservador y centralista. Si estas semanas se impone la movilización contraria a cualquier tipo de cuestionamiento de los consensos del Régimen 78, no solo se pondrá en peligro la conformación del mejor gobierno posible en el momento actual, sino que posiblemente se quebrantará la moral de izquierda sustancialmente más optimista que se ha extendido desde el 23J.
En esta situación es del todo conveniente levantar un movimiento amplio que señale que la amnistía es legítima, oportuna e incluso necesaria, pero que para ello debe ser consecuente e incluir otros casos de represión que se han dado en nuestro país bajo leyes injustas o injustamente aplicadas. Una campaña en estos términos sería mucho más que una mera petición de una ley – tendencia que en mi opinión ha sido excesiva entre los movimientos sociales últimamente –; permitiría incidir en un momento clave como es la investidura, disputar a la derecha la oposición al Gobierno para hacerlo virar hacia su izquierda y soplar a favor de quien está empujando por una amnistía más justa.
Esta reivindicación ofrece un terreno fértil para conformar un bloque amplio en un tiempo en el que la organización social parece estar notablemente sectorializada. Revertir los efectos de la criminalización de la protesta es de interés de prácticamente todos los movimientos sociales, desde los cientos de imputados por tratar de frenar desahucios hasta los que se ven perseguidos por frenar el fascismo a pie de calle, pasando por sindicalistas encausados por protestas laborales o ecologistas y militantes independentistas a los que vergonzosamente se acusa de terrorismo. Además, esto permitiría visibilizar casos que han conmovido la sociedad cuando han recibido cuota de pantalla, como el encarcelamiento de Pablo Hasél, el juicio de los 6 de Zaragoza o las distintas aplicaciones de los artículos penales de injurias a la Corona y ofensa a la libertad religiosas.
Finalmente, resulta casi instintivo acompañar esta campaña por una amnistía justa de otras exigencias, de entre las que destacaría dos que a mi entender son fundamentales. En primer lugar, es una oportunidad perfecta para hacer efectivas reformas democratizadoras tan necesarias como la derogación de la Ley Mordaza o la rectificación de la chapuza jurídica de la introducción de los desórdenes públicos agravados cuyos efectos potenciales pueden ser dramáticos para militantes y activistas. Estas reformas bien son promesas del Gobierno o bien parte de él no comparte, pero en todo caso es probable que ya se hubieran abordado de haber habido una presión social suficiente. Por otro lado, es una oportunidad para resolver de forma democrática el conflicto territorial español, poniendo sobre la mesa el derecho a la autodeterminación. Reconozco que se dan problemáticas jurídicas en torno a esta cuestión, pero también es cierto que se ha demostrado que existen vías para darle cauce en el ordenamiento actual siempre y cuando exista voluntad política o esta se fuerce por el contexto.
Debo admitir que la propuesta también me genera contradicciones. Me parece que es una tarea urgente dotar de autonomía nuestras organizaciones y descompasarlas de la vida política inmediata. Pero también es cierto que ahora mismo los propios movimientos, y no solo la ciudadanía en abstracto, tienen la necesidad de activarse. Tomar la iniciativa con algo que constituye un punto de unión entre prácticamente todos ellos y disputar el humor social a la derecha puede no distar tanto de trabajar en estos objetivos en el medio plazo.
En definitiva, se trata de hacer de la necesidad puntual del Gobierno la virtud que articule nuestra propuesta política. No hay que olvidar que arrancar al PSOE una amnistía supone abrir una brecha en el Régimen del 78 que antes de la actual aritmética parlamentaria rozaba lo inconcebible. Si además se da el caso de que esta fisura se acompaña de una presión popular transformadora en un ambiente moral progresista, los cambios pueden ser más profundos y despejar el horizonte de ruptura con el régimen de la Transición.
