Por Marcel Graell
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Las elecciones municipales del 2023 empiezan a perfilarse con una precampaña larguísima, como mínimo en la ciudad de Barcelona, que ha empezado con una ofensiva judicial de orígenes aparentemente desconocidos dirigida a la alcaldesa de Barcelona.
Pero de donde viene esta ofensiva? ¿Está motivada políticamente? Las querellas son múltiples, y todas afectan la alcaldesa y áreas de gobierno de Barcelona en Común. El rastro de estas denuncias conduce hasta las puertas de los sectores económicos más poderosos de la ciudad, como han comprobado medios de comunicación como Crític o Ara. A través de asociaciones pantalla, el poder económico se ha lanzado de cabeza hacia una campaña que tiene como objetivo derribar los comunes de la alcaldía a través del desprestigio y el escarnio que acompañan los procesos judiciales.
Mientras el chaparrón judicial ha dejado bien empapada una banda del gobierno, al PSC de Jaume Collboni no le ha salpicado gota alguna y en ningún caso se lo ha visto salir en defensa de sus socios. Una práctica que va en sintonía con el hecho que durante toda la legislatura haya pasado desapercibido, sin poder impulsar proyectos de ciudad visibles para la ciudadanía. Collboni ha ido a remolque de las propuestas transformadoras de Barcelona en Común, estando en desacuerdo en muchas ocasiones, pero sin hacer demasiado ruido al respeto. La estrategia del PSC se ha basado, hasta ahora, a esperar que el desgaste de ocho años sosteniendo la alcaldía acabara devolviéndola a manos del socialismo barcelonés, que la gobernó de manera ininterrumpida desde 1979 hasta 2011 y se la siente suya. En este sentido, los sectores económicos de la ciudad, muy vinculados a los socialistas, le están haciendo el trabajo sucio. De hecho, alguna investigación periodística subraya los vínculos socialistas de asociaciones que han denunciado la alcaldesa.
Pero el lío municipal no se acaba ahí, pues la situación incómoda de la cual nadie parece hablar mucho y que se ha dado en el seno del gobierno municipal se agravia si tenemos en cuenta la buena sintonía que han mostrado Esquerra Republicana y Comunes en el plenario, donde los primeros han apoyado las medidas legislativas que llevaban los segundos a votación y que eran necesarias para implementar las transformaciones de ciudad impulsadas. Ya es extraño que el partido que ostenta la alcaldía tenga más buena relación con el primer partido de la oposición que con su socio de gobierno. En este sentido, los comunes tendrían que justificar muy bien porque antepusieron conservar la alcaldía de Barcelona a posibilitar un gobierno más de izquierdas con políticas transformadoras en todos los frentes. De hecho, todo esto ya se veía a venir a comienzos de legislatura, cuando Crític hizo una comparación entre los programas electorales de los diferentes grupos municipales que se presentaban a las elecciones. Los resultados mostraban que el binomio PSC-Comunes compartían solamente el 32 % de las medidas frente el 83 % que compartían ERC i Comunes. Se dice pronto.
Y aquí recae el quid de la cuestión. Los bandos políticos en el consistorio y de la matriz que envolverá la campaña electoral de las municipales del 2023 es del modelo de ciudad. Y este modelo se divide en dos frentes con compañeros accidentales bastante extraños si se observa desde otras perspectivas que no sea la municipal.
Por un lado, ERC y Comunes, que suman 20 regidores de los 41 y defienden un modelo de turismo sostenible, políticas de vivienda basadas en la construcción de protección social e intervención del mercado y una reducción de la contaminación soslayando el espacio al vehículo privado aumentando ejes verdes y creando la Zona de Bajas Emisiones. No es ninguna sorpresa que el grosor de querellas hayan sido impulsadas por el sector hotelero, lobbies del automóvil o grandes fondos inmobiliarios, dolidos por la regulación y el orden que el gobierno municipal ha ido poniendo los últimos años. Habrá que ver si la CUP entra de nuevo en Barcelona, claramente alineada con este grupo. El barómetro municipal apunta a una recuperación de votos que la sitúa en una buena posición para volver a tener representación al consistorio.
Por otro lado, PSC, Junts, PP Y C’s, que suman hoy 21 regidores, defienden una política permisiva y abierta con el turismo, la eliminación del 30% de nueva construcción de vivienda destinada a alquiler social, conservar los actuales carriles de coche al ensanche y parar el despliegue de la ZBE. De hecho, estos partidos han votado juntos y se han expresado en los mismos términos últimamente al pleno municipal, como detallaba Público en este artículo, ensanchando la grieta entre socios de gobierno.
Barcelona es la primera institución del país importante donde pueden ganar las 3 izquierdas soberanistas por primera vez y gobernar juntas. Es una oportunidad de oro que la izquierda soberanista no está aprovechando.
Para empezar, no se oyen voces de sectores de ERC y CUP poniendo el grito al cielo por la ofensiva judicial. Las querellas han paralizado o diluido medidas urgentes como la moratoria hotelera o la superilla en el ensanche, y es flagrante desde un punto de vista de legitimidad democrática que los poderes económicos tengan la capacidad de congelar por vía judicial las medidas que no les gustan. Menudo morro. Pero ante esta aberración democrática no hay un frente político de izquierdas unido, que defienda las políticas transformadoras y no vacile ni un instante al defenderse sin complejos de los ataques indiscriminados y antidemocráticos de los poderes económicos que quieren controlar la ciudad para continuar manteniendo sus privilegios.
Para plantear la precampaña electoral que apenas empieza, Barcelona en Común, Esquerra Republicana y CUP tienen que ser muy conscientes que son compañeros de trinchera en Barcelona y que el modelo de ciudad que apenas se ha empezado a encarrilar estos últimos siete años está en juego. Cuanto más unidos políticamente estén – no electoralmente en Barcelona – más difícil lo tendrá el relato de los poderes económicos para arraigar. Pero para ponerlo difícil primero se les tiene que hacer frente.
El contexto por las elecciones es este, y con las líneas desdibujadas actuales la izquierda tiene mucho a perder. Hay que plantear ante la ciudadanía los términos en los que se jugará la batalla municipal y que todos los grupos que aspiren a tener representación se posicionen claramente. El calendario aprieta, y en Barcelona, en un contexto de vuelta a la normalidad prepandémica, nos jugamos mucho con la vuelta masiva de turismo, la constante precarización de la clase trabajadora por los efectos de las crisis acumuladas y la continua especulación inmobiliaria por parte de fondos de inversión, internacionales y nacionales, que hace que, actualmente, pisos de 100 m² en el ensanche ya superen los 2000 € de alquiler. Y más que van a subir.
A solo trece meses de las elecciones es el turno de la izquierda soberanista movilizarse y señalar la aberración democrática que representa la ofensiva judicial, defender las medidas impugnadas y dibujar las que todavía se tienen que implementar avisando del futuro negro que nos espera si el retorno de los poderes fácticos a la alcaldía de Barcelona se hace realidad.
