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Por Eloi Gummà y Ivan Montemayor
Marta Ill Raga (Barcelona, 1991) es politóloga (UPF) y Máster en Investigación del Desarrollo Internacional (Universidad de Ámsterdam). Actualmente es doctoranda. Su investigación se basa en las relaciones de propiedad inmobiliaria. Es activista y co-portavoz del Sindicat de Llogateres.
Empecemos mirando un poco atrás, tu participaste en el Sindicat de Llogateres desde sus primeros momentos. ¿Cuál fue la intuición colectiva que os llevó a impulsarlo?
Sí, entré en el sindicato en febrero de 2017 fruto de una reflexión conjunta que hicimos desde un colectivo que habíamos creado hacía poco unos cuántos jóvenes, precisamente para abordar la burbuja de alquileres que estábamos sufriendo, que se llamaba “Desllogades”. Entendimos que tenía sentido dar apoyo en la organización de un Sindicat de Llogateres fuerte que abordara la problemática de los alquileres específicamente. Estuvimos unos meses dando forma al sindicato, hasta que aquel mismo año, en mayo, ya participamos en la presentación pública y la primera campaña de afiliación. Poco a poco fuimos desarrollando una idea y práctica de sindicato que bebía directamente de la experiencia y los aprendizajes de la PAH.
2020 nos ha traído un pandemia global, una recesión económica y varios cambios políticos. En medio de toda esta vorágine, el día 9 de septiembre el Parlamento catalán aprobó una ley para permitir la regulación de los precios de los alquileres. ¿Cómo valoráis el proceso de tramitación y aprobación de esta ley?
Lo valoramos de forma muy positiva, evidentemente. La regulación de los precios de los alquileres era un tema que estaba en nuestra agenda desde hacía mucho tiempo. Se trata de una demanda popular que parte de la experiencia diaria acumulada durante los primeros años del sindicato: nos pusimos a detectar cuáles eran los problemas que tenían las inquilinas cuando venían a las asambleas a exponer sus situaciones concretas, y la cuestión del precio era esencial. Había una burbuja de precios. El 80% de las personas tenían el problema de que se acababa el contrato y les subían el precio. Los objetivos a medio plazo, pues, eran claros: dotar de estabilidad a los contratos y controlar los precios para hacer que estuvieran prohibidas las subidas. Con algunas excepciones, hemos conseguido que se paren las subidas de precios y hemos conseguido bajadas generalizadas. Hemos visto como muchos pisos en buen estado han bajado entre 400 y 600 euros de golpe.
Regulando los precios hemos abierto el campo de juego político, y sobre todo pusimos en cuestión y sacudimos los marcos culturales que hacen que la gente no cuestione el hecho que ‘los precios los fija el mercado’, como si de una fuerza natural se tratara. También pusimos en cuestión la separación entre lo ‘económico’ y lo ‘social’. Podemos decir que regulando los precios hemos logrado uno de nuestros grandes objetivos a medio plazo, y esto evidentemente nos hace muy felices. Por otro lado, ni mucho menos nos conformamos con lo que hemos logrado: también vemos que, en la coyuntura actual de crisis social derivada de la crisis sanitaria, una bajada moderada de los precios es insuficiente: los precios tienen que bajar mucho más, sobre todo si tenemos en cuenta lo que ha pasado con los salarios durante los últimos años. Cada vez llegan más inquilinas a la asamblea que no pueden pagar ni siquiera un precio de acuerdo con el índice oficial de precios. El problema ya es de no poder pagar y de acumulación de deudas, de no poder hacer frente a los pagos. Tenemos que ir un paso más allá.
Por otro lado, la ley está teniendo problemas para aplicarse, especialmente por el conflicto con portales inmobiliarios como Idealista. ¿Qué medidas os planteáis para que sea efectiva?
Dentro del diseño de la ley -que es una ley en la que hemos estado involucradas, no es un texto legal que hayan hecho fuerzas políticas, sino que realmente hemos sido nosotros los principales asesores- hay una cosa muy importante que es el régimen sancionador. Las sanciones nos garantizan que la ley será efectiva. Evidentemente, quien tiene que aplicar las sanciones es la administración, que puede ser la Generalitat o los Ayuntamientos. Por lo tanto, nos toca estar pendientes de que cumplan con sus obligaciones. A veces nos encontramos que en materia de vivienda las leyes no han sido lo bastante efectivas en cuanto a las sanciones. Esperamos que en este caso no sea así. Estamos hablando de condiciones que son efectivas dentro de un marco contractual que tiene un tiempo de duración acotado y hay un rango de multas que van de 9.000 a 90.000 euros.
Además, si la renta no es la regulada se tiene que devolver al inquilino lo que se ha cobrado de más. El desincentivo de vulnerar la ley por parte del propietario es muy elevado. Estamos convencidas de que el régimen sancionador funcionará y estamos trabajando con las instituciones para que haya mecanismos automáticos de detección de infracciones a través de la obligación de depositar las fianzas en el INCASOL. Es decir, un contrato no puede superar el precio del anterior y esto es fácil de monitorizar. Por lo tanto, no hay necesidad de ir a los juzgados y que estos estén a favor. Este es otro problema que a menudo tenemos con las leyes de defensa del derecho a la vivienda. Tenemos un problema grave con la interpretación que hacen de las leyes los jueces. Pero esta norma es bastante sólida porque se cumple a nivel administrativo.
Entonces, ¿tenéis la percepción de que a nivel judicial se desvirtúan las leyes que regulan el derecho a la vivienda?
Bien, de hecho está pasando con la Ley 24/2015, que se modificó con la 17/2019, que fue fruto del trabajo de la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética. Es una ley muy importante. Obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social en caso de familias en situación vulnerable. ¿Qué pasa? Esta obligación va ligada a sanciones si no se cumple pero no exime al propietario del derecho a desahuciar a la familia. Los jueces dicen que es una ley administrativa, que obliga a las administraciones, pero no tiene carácter procesal, así que desahucian aunque la ley diga lo contrario. Atención, no estamos diciendo que la ley sea defectuosa. El problema es la interpretación conservadora de la norma que hacen los jueces, y de forma coordinada. Si quisieran, podrían suspender los procedimientos. Es el último escollo que nos queda, luchar contra los jueces y su interpretación de las leyes.
Hace poco os reunisteis con el vicepresidente Pablo Iglesias. La ley, que es el siguiente paso en la lucha por la vivienda, se aplica solo en Cataluña. ¿Cómo se podría extender la regulación al resto del Estado? ¿Tendrían que ser las Comunidades Autónomas o el Estado quién lo haga?
Nuestra preocupación ahora mismo es habilitar a todas las Comunidades Autónomas para hacer lo mismo que ha hecho Cataluña. En Cataluña se ha podido aprobar esta ley porque hay un movimiento por la vivienda muy fuerte. Hace falta siempre organización social para defender estas leyes cuando se aprueban. Es decir, una ley como la catalana aprobada en otra Comunidad sabemos que no tendrá la misma aplicación si no hay un sindicato que la defienda.
Lo primero que nos proponemos es extender esta regulación en todo el Estado, puesto que sabemos que el problema se reproduce sobre todo en áreas urbanas y densamente pobladas. La clave es habilitar a las CCAA para hacer este tipo de regulaciones. Además, así evitaríamos que la ley catalana pudiera ser llevada al Tribunal Constitucional y declarada anticonstitucional. Esto es importante porque el único motivo por el cual puede ser declarada anticonstitucional es por un motivo competencial. Cada Comunidad Autónoma tiene que tener su margen de decisión e implementación.
«Nuestra preocupación ahora mismo es habilitar a todas las Comunidades Autónomas a hacer lo mismo que ha hecho Cataluña.«
También hemos visto que habéis compartido experiencias en otros territorios como el País Vasco.
Como sindicato somos una organización catalana. Pero en Madrid, en el País Valenciano, en las Baleares, en el País Vasco, en Andalucía… se están generando sindicados que son hermanos del nuestro.
Entonces, ¿no apostáis por una ley que regule los alquileres en todo el Estado?
Claro, tenemos que ser conscientes de qué equilibrio de fuerzas tenemos, como movimiento y como organización. En Cataluña tenemos músculo organizativo y también en Madrid hay cierta fuerza. Pero una ley a nivel estatal puede modificar su naturaleza. Una ley estatal podría rebajar los criterios de la regulación catalana. Queremos mantener la vigencia de la regulación catalana, extender este sentido común al resto del Estado y que crezca el músculo organizativo en todas partes. La situación es urgente y estamos realizando vínculos con organizaciones en otros territorios. Hay mucho potencial para que crezca el movimiento inquilino, ya que por desgracia los salarios están desapareciendo o reduciéndose y los alquileres se mantienen estancados.
A partir de aquí, ya nos podríamos plantear una Ley Popular de Vivienda que sea estatal, puesto que sabemos que es donde tienen peso las leyes. Una regulación que haga que la vivienda sea un pilar del Estado del Bienestar, algo que nunca ha pasado. Esta ley no se puede hacer en dos días ni en dos meses. Tiene que ser un proceso popular, donde las organizaciones estén implicadas y se puedan abordar muchas cuestiones más allá de la regulación de precios. Es necesario, además, un Parque Público de vivienda, recuperando los pisos que están en poder de la Sareb o que ha vendido esta a fondos de inversión. Todas estas viviendas tendrían que ser públicas porque hemos pagado entre todos el rescate financiero que se dio después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Es una manera rápida de conseguir vivienda social.
«La centralidad de la lucha por la vivienda creo que se debe a que tiene un elemento que la hace obvia per a mucha gente: la cuestión más inmediata de la necesidad de un hogar.»
¿A qué crees que se debe la centralidad que ha adquirido la lucha por la vivienda a lo largo de este último ciclo?
En España, el nexo financiero-inmobiliario es central y tiene una raíz claramente política que surge durante las décadas de los 50 y los 60 en las fases más tecnócratas del franquismo; con la intención de convertir la masa de trabajadores en propietarios de activos y ligar todo esto con las lógicas de endeudamiento de los mercados financieros. Esta es una semilla que solo ha hecho que crecer y alimentarse. Raquel Rolnik tiene un libro, La guerra de los lugares, donde explica cómo operan estas lógicas de acumulación y extracción en diferentes lugares y regiones del mundo. Pero también creo que no es solo una cuestión de analizar la estructura del capitalismo en el Estado español y su nexo con el mundo inmobiliario y financiero; y tampoco decimos que la cuestión del trabajo haya sido relegada a un segundo plano. La centralidad de la lucha por la vivienda hoy, junto con la lucha feminista y ecologista, creo que se debe a que tiene un elemento fundamental que hace que sea obvia para mucha gente: la cuestión más inmediata y material de la necesidad de un hogar. Todo lo que implica defender un hogar, que nace a partir de la crisis del 2008 y la PAH, es central para la defensa de una vida digna en entornos cada vez más urbanos.
Vemos como el movimiento por la vivienda es muy fuerte en Cataluña e integra una pluralidad de agentes: redes y sindicatos de barrio que nacen del 15M, la PAH, asociaciones como 500×20, el Sindicat de Llogateres… ¿Cómo se relaciona el sindicato con todo esto? ¿Se articula algún tipo de diálogo, espacios de encuentro o estrategias conjuntas con estos actores?
Creo que hoy podemos hablar de un movimiento por la vivienda muy fuerte y excepcional en Cataluña, que es plural y dónde hay organizaciones que abordamos las diferentes casuísticas relativas a las formas de habitar: hipotecas, ocupaciones y alquiler. Quizás lo que nos falta ahora es madurez y poder concretar la apuesta organizativa, es lo que llevamos tiempo debatiendo y creo que todavía no hay posturas cerradas ni hegemónicas. Estamos tratando de tejer puentes, de generar líneas de acción conjuntas y organizarnos para poder cortocircuitar los ciclos de acumulación que se vienen dando en las ciudades y que generan expulsión y precariedad en la vivienda. Creo que como movimiento estamos empezando a abrir espacios para que esto pase. El espacio principal se abrió hace un año con el Primer Congreso de Vivienda de Cataluña, que fue un ejercicio muy importante.
El compañero del sindicato Aldo Reverte ha publicado recientemente dos artículos en la revista Catarsi donde explica cómo tenemos que ser capaces de crear organizaciones que sean adaptables a las mutaciones que puedan aparecer con la vivienda, y nosotros hacemos este análisis de que el alquiler es quizás el punto que puede generar más conflicto durante los siguientes años. El sindicato quiere ser una organización de masas a nivel catalán y acumular legitimidad para poner todo esto al servicio del movimiento por la vivienda en general, para poner alternativas y políticas sobre la mesa y a largo plazo intentar imaginar entre todas un futuro mejor, donde la vivienda y el derecho a un hogar esté totalmente desmercantilizado. Este ejercicio de imaginar un futuro mejor es un ejercicio que tenemos que empezar a hacer si no queremos morir en esta cotidianidad agotadora que es la lucha contra la especulación y el rentismo. Hay que consolidar la cultura de la afiliación, que la gente entienda que un sindicato es una apuesta para defender derechos que van mucho más allá de la casuística de cada uno.
Si miramos un poco más allá del movimiento por la vivienda, vemos como para la regulación del alquiler conseguisteis tejer alianzas con otras entidades políticas, sociales y culturales como Òmnium o la ANC. ¿A qué creéis que se deben estas alianzas externas y de qué manera os refuerzan?
Creo que este hecho demuestra que nuestra lucha no es sectorial; pretende defender un bienestar social y una estabilidad que favorecerá a todo el mundo. Esto forma parte del interés que tiene la gente por vivir en barrios que no estén dominados por una lógica del valor que lo que hace es trinchar vidas. También lo estamos viendo ahora con la cuestión de los locales culturales y comerciales; es necesario repensar como funciona nuestra sociedad. Creemos que este es un marco de sentido común muy asentado en Cataluña. Ahora tenemos que ver como podemos seguir extendiendo esta lógica al resto del Estado español.
Por otro lado, hemos visto como el movimiento feminista ha sido uno de los más dinámicos y potentes tanto a nivel cultural como de acciones como las huelgas del 8 de marzo. ¿Qué intersecciones puede haber entre la lucha feminista y el movimiento por la vivienda?
Tenemos un grupo de mujeres en el sindicato y le damos muchas vueltas a esta cuestión. A nivel general la cuestión de la vivienda afecta más a las mujeres porque tienen más precariedad laboral, más inestabilidad, un peso superior en las tareas de curas del hogar… También vemos como en gran medida son las mujeres las que se hacen cargo de luchar por el hogar, como son las principales usuarias de los servicios sociales relacionados con la vivienda, son las que vienen a las asambleas y son las que realmente se hacen suya la lucha. Igualmente observamos como en las asambleas se repite muy claramente el perfil de madres solteras con menores a cargo y situaciones laborales muy inestables. Pero todo esto tampoco nos puede hacer olvidar que son las condiciones estructurales del sistema las que condenan a las mujeres a la pobreza y esto se traduce en estas consecuencias en relación con la vivienda.
Por eso es importante acompañar este análisis con la crítica que hace la economía feminista o ecofeminista, que considera todo aquello que es necesario para la reproducción de la vida. Además, durante la pandemia hemos visto como el trabajo de curas es totalmente esencial, hay muchos trabajos prescindibles, pero los de curas no están entre estos, aunque las mujeres muchas veces los lleven a cabo de forma gratuita. Por lo tanto, la cuestión es cómo podemos ligar este sentido esencial del trabajo de curas y la necesidad de un espacio como el hogar con la crítica al rentismo, la especulación y la lógica de la extracción y generación de valor.
Quizás el movimiento por la vivienda, en comparación con los sindicatos tradicionales, ha conseguido evolucionar hacia nuevos liderazgos, maneras de funcionar que tienen más en cuenta las curas, son espacios menos masculinizados que en el sindicalismo laboral. Pero además de esta realidad de asambleas con más mujeres, existe el choque entre la acumulación de capital y la reproducción de la vida. Queremos hacer propuestas que no digan solo “defendemos a las mujeres” -que también, claro- sino defendámonos todos. Por eso el movimiento feminista es un movimiento igualitario, porque que pone en el centro la vida de todo el mundo.
En un artículo que escribiste con Jaime Palomera, afirmabas que “aceptamos el nomadismo, la inseguridad y el empobrecimiento como inevitables”. Al mismo tiempo, tenemos una gran carencia de referentes culturales y la ficción esta llena de distopías y futuros complicados. Cómo dice Jameson: “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. ¿Cómo se puede luchar contra esta resignación?
Creo que lo estamos haciendo. Escribíamos esta frase al principio de la militancia en el sindicato, y hacíamos una lectura de la realidad más allá de la cuestión material pura. Detrás de esto hay una lógica cultural clara a través de la cual la gente justifica su vivencia. Es muy similar a cuando se hablaba del sentimiento de culpa que explicaba la gente hipotecada cuando no podía hacer frente a su deuda. Nos encontramos una cultura nómada de “yo tampoco pido vivir en el mismo lugar, si hace falta me moveré”. Se asume que la estabilidad no llegará nunca. Estas lógicas se desmontan explicando que esta visión del mundo no es natural, sino que viene provocada por una serie de políticas que incentivan un tipo de economía que no nos conviene. Por lo tanto, nos tenemos que oponer y modificarla.
Necesitamos modelos de vida estables y que las personas jóvenes puedan soñar con desarrollar proyectos de permanencia en un hogar si es lo que desean. La gente lo que quiere es estar tranquila en el lugar donde ha decidido vivir y proyectarse. Creo que estamos consiguiendo cambiar este sentido común, pero nos queda mucho trabajo por hacer; creo que las curas que nos damos las unas a las otras, y las personas maravillosas que conocemos día a día en el movimiento y el sindicato hacen que sea más fácil ser optimista y tener la energía para empujar, para no caer en el espiral de distopía permanente.
Antes hacías la comparación con el sindicalismo laboral. En el neoliberalismo, la sociedad no existe. Solo la suma de individuos, como decía Margareth Thatcher. Pero la precariedad y el individualismo dificultan que exista un sentimiento de pertenencia a una clase social, como pasaba en el movimiento obrero tradicional. ¿Crees que el Sindicat de Llogateres puede ayudar a construir un sentimiento de pertenencia en el contexto post-fordista?
De hecho, es una de las cuestiones pendientes para seguir reflexionando. Todavía nos queda mucho a reflexionar sobre la clase y la vivienda. Pero estamos consiguiendo generar sentido de comunidad. Una de las estrategias que nos planteamos como sindicato es juntar inquilinos en función de propietarios. Por lo tanto, nuestra táctica es juntar los mismos inquilinos de cada bloque. Hacer asambleas de vecinas inquilinas del mismo edificio. Ha existido tradicionalmente la figura de la comunidad de propietarios, regulada por ley, que toman decisiones importantes sobre la convivencia y el mantenimiento de los edificios. En cambio, no existe lo mismo para inquilinas. No tienen ni voz ni voto.
Las inquilinas organizadas por bloques pueden ser espacios donde se haga pedagogía de cómo funciona la regulación de los alquileres, qué derechos tenemos y además generar cohesión y continuidad. De hecho, tenemos abierto el conflicto con Azora, que afecta a siete comunidades en cinco municipios diferentes. Estamos trabajando para generar este vínculo comunitario entre vecinas en los bloques de pisos, que es necesario para ir juntas a la negociación colectiva con los propietarios.
Actualmente estás haciendo un doctorado sobre la cuestión de la vivienda, donde estudias el conflicto entre la propiedad y el inquilino desde la perspectiva económica y de régimen de propiedad, pero también desde la perspectiva antropológica. En este sentido, ¿cómo de central crees que es el elemento subjetivo que entra en juego a la hora de establecer percepciones en relación a la vivienda? ¿Cómo crees que se puede operar en este marco?
A diferencia de lo que nos vienen explicando los grandes medios de comunicación, que nos hablan de la evolución de los precios del alquiler como si fuera un fenómeno meteorológico, hay dos elementos fundamentales a tener en cuenta. Por un lado encontramos la cuestión política; es decir, cómo las políticas que se hacen determinan el terreno de juego y, por otro lado, el marco en que se dan las interacciones en este terreno de juego; porque al fin y al cabo en un mercado como este existen las interacciones humanas. Es importante tener en cuenta el choque de percepciones que se da en una negociación como esta, cuando tu tienes muy claro que el derecho a la vivienda es una cuestión que no se tendría que tocar y la parte propietaria te despliega una serie de argumentos desde otro marco completamente diferente.
Además de esto, la propiedad también tiene otras estructuras materiales más duras a su favor como los juzgados y la policía y en cambio los inquilinos se tienen que servir de una organización colectiva y la cuestión central de que son los amos de las rentas. Actualmente estoy estudiando también qué diferencias pueden aparecer entre pequeños, medianos y grandes propietarios, y como afectan a la hora de negociar y de articular los discursos.
En relación a esto, ¿qué particularidades crees que tiene esta estructura de la propiedad en Cataluña?
En Cataluña existe una diversidad en este sentido que la convierte en una cuestión compleja. Podríamos partir de un escenario en que predominaban los pequeños propietarios y de repente se da la entrada de los fondos de inversión y se construyen grandes cúmulos de propiedades como Blackstone, Cerberus o Azora. Pero no todo es tan sencillo y, como en todo, predominan los grises. Existe también una burguesía local históricamente propietaria de bloques enteros que se han ido reproduciendo a lo largo de las generaciones. También hay empresas que no son grandes fondos de inversión sino que compran bloques concretos para reformarlos. Más allá de esto, la figura de los pequeños propietarios quizás cambia un poco la lógica de la lucha por la vivienda de aquí en comparación con ciudades como Berlín, donde hay una concentración clara del alquiler en manos de grandes empresas, y donde la manera de articularse puede ser más clara y directa y entrar en menos contradicciones.
La que conocemos mejor es la estructura de la propiedad de Cataluña, sobre la que hay datos. Es posible que en otras partes del Estado este perfil de pequeño propietario sea todavía más central. Todo ello se encuentra muy condicionado por la cultura de percibir y tratar la vivienda como un activo, hecho que choca de pleno con concebir el alquiler como una opción digna y no solo como una extracción de rentas por parte del propietario. La idea del rentista popular potencialmente reaccionario como escudo ante opciones más progresistas de organizar la propiedad es una cuestión central que creo que nos la encontraremos en el futuro, y que tendremos que pensar como afrontarla de manera inteligente. De momento estamos haciendo los primeros pasos, pero tenemos que tener presente que, cuando tocamos este hueso, estamos tocando un hueso muy central, por no decir el más central en cuanto a la estructura de clases del Estado.
¿Nos puedes recomendar una serie?
GLOW.
¿Y un libro?
El Cuaderno Dorado, de Doris Lessing.
